domingo, 1 de junio de 2014

6:32 p.m.
1 de junio de 2014

Quadratín Guerrero; El Sur

Cuatro personas han sido detenidas en el estado de Guerrero por el delito de halconeo, informaron por separado el procurador de Justicia y el vocero estatal.

El procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, dio a conocer el 22 de mayo en conferencia de prensa que se detuvo a dos presuntos halcones, quienes se identificaron como Pedro Gandarilla Andrade y Manuel Mancilla Gandarilla y/o Manuel Gandarilla Mancilla, alias El Currias.

El 13 de mayo, personal militar del 40 Batallón de Infantería, al transitar por el tramo carretero que conduce al poblado El Escondido, municipio de Arcelia, fue agredido con armas de fuego, ubicando a dos de los probables responsables en la parte alta de un cerro portando armas largas tipo AK-47, quienes procedieron a emprender la huida sin lograr su detención.

Sin embargo, en la parte de abajo del cerro se encontraban dos civiles, quienes tenían en su poder un radio de comunicación y dos teléfonos celulares, así como una bolsa con marihuana, los cuales intentaron darse a la fuga sin lograr su cometido.

Ambos manifestaron que aproximadamente a las 7:00 horas del 13 de mayo, habían bajado de un árbol que se encuentra pegado al cerro y la carretera, pues desde ese sitio pasaban los reportes a integrantes de la organización criminal denominada la Familia Michoacana, sobre los movimientos del personal militar que transita por ahí.

El Ministerio Público ejerció acción penal en contra de en Manuel Mancilla Andrade y/o Manuel Gandarilla Mancilla “El Currias” y Pedro Gandarilla Andrade, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia (halconeo).

Por su parte, dos días antes, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, informó que ya había dos personas puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de halconeo, una en Teloloapan y otra en Zihuatanejo, y explicó que la ley se modificó para sancionar este delito porque era un punto débil en la estrategia de seguridad.

Cabe destacar que el 20 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado aprobó reformas para castigar hasta con quince años de prisión a las personas que hagan uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública.

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